En vísperas de Navidad, el viernes 23, el Ayuntamiento de Barcelona celebró el último plenario del año. En esta sesión, y a iniciativa del grupo de JxCat, se aprobó una propuesta en la cual se insta al gobierno municipal de Ada Colau a parar, inmediatamente, el proyecto de las “superillas” y las adjudicaciones de obras para su implementación.
No es una cuestión menor, dada la avalancha de críticas y de quejas que provoca este atentado contra la inteligente trama urbana diseñada por el ilustre masón Ildefonso Cerdà. Hasta el punto que la moción presentada por JxCat recibió el apoyo del PSC -socio de Ada Colau-, ERC, Ciutadans, PP y Valents: es decir, la totalidad de la corporación municipal, a excepción de los 10 regidores de Barcelona en Comú (BeC).
Este rechazo frontal de 31 concejales del plenario a las “superillas” iba acompañado de un condicionante: la interrupción de los proyectos y de las licitaciones que se aprobó es preventivo, en espera que se puedan conocer los resultados de los estudios que habría que hacer para mesurar, con modelos de proyección digital, el impacto económico, de movilidad y de contaminación que tendrá la creación de estas grandes zonas verdes sobre espacios consolidados dedicados al tráfico urbano.
Los grandes interrogantes siguen sin respuesta. Y son palmarios: los vehículos que no puedan pasar por Consejo de Ciento lo harán por Gran Vía o València, cargando todavía más el tráfico de estas calles; el concepto igualitario ideado por Ildefonso Cerdà se rompe estrepitosamente, desde el momento que las calles ajardinadas pasarán a tener más valor que las que absorben la circulación de vehículos.
Ada Colau y Janet Sanz han convertido el Eixample y otras zonas de la ciudad en un gran atasco. Con el supuesto propósito de reducir la contaminación, lo que han conseguido los “genios” de la Casa Gran es incrementarla.
Yo animé y saludé, once años atrás, la revuelta de los indignados, de la cual los comunes son los hijos políticos en Cataluña. Pero una cosa es la defensa de la gente desfavorecida y la lucha contra la partitocracia y la corrupción -a la hora de la verdad, han acabado cayendo en los mismos vicios del “sistema”- y la otra son tonterías frívolas y carísimas, como las “superillas” que los comunes se han sacado de la manga, aprovechando la clandestinidad de la pandemia.
Una intervención tan contundente sobre la trama del Eixample es obvio que tendría que haber sido precedida de un debate en profundidad, abierto e interdisciplinario, con la participación, entre otros, de los grandes expertos en Ildefonso Cerdà. Pero los comunes han querido “épater” a los barceloneses para hacerse notar de cara a las elecciones del mes de mayo próximo, con la esperanza de revalidar el mandato mediante una “terapia de choque”.
De aquí las prisas supersónicas que han acompañado la “superilla” del Eixample. Hasta el punto que el Ayuntamiento ha cometido gravísimas irregularidades, como hacer la licitación de las obras antes de que se acabara el preceptivo plazo de información pública. Increíble.
Pero aquello que me inquieta y me subleva es el matonismo de la primera teniente de alcaldía Janet Sanz cuando, después de la contundente resolución aprobada por el pleno municipal, manifestó que, a pesar del rechazo, las obras de las “superillas” continuarán adelante. Por lo que se ve, Ada Colau ha decidido abolir, por sus ovarios, la democracia en la Casa Gran.
Si 31 de los 41 concejales de Barcelona aprueban que hay que parar las “superillas”, en espera de disponer más informas sobre su impacto sobre los vecinos de la ciudad, el equipo de gobierno tiene que obedecer esta voluntad nítida expresada por la amplísima mayoría del consistorio. ¿Qué es lo que no han entendido los concejales de BeC y la alcaldesa Ada Colau? ¿Por qué los comunes se saltan “a la torera” esta votación plenamente democrática, ellos que se autoerigen en los grandes defensores de la democracia?
Sinceramente, no entiendo la reacción de la teniente de alcalde Janet Sanz, negándose a aceptar la evidencia de la proposición aprobada por los 31 concejales y su irresponsable negligencia de no actuar en consecuencia. ¿Es que, acaso, los comunes se benefician de un “derecho divino” que les exime de aceptar los resultados democráticos? Quieren actuar como en un régimen de “despotismo ilustrado”, pero sin acreditar, ni mucho menos, la supuesta superioridad y solvencia moral, intelectual y académica que pregonan.
Si la izquierda de la izquierda es incapaz de encajar las críticas, admitir los errores y aceptar las votaciones democráticas esto no es izquierda ni izquierda de la izquierda. Esto son unos sectarios muy peligrosos que no han entendido ni quieren aprender el abecé de la vida política en una sociedad democrática.
Los comunes y sus hermanos de Unidas Podemos están cometiendo, últimamente, gravísimos errores que solo se explican por un inadmisible ataque de soberbia, sabiendo, además, que cuentan con un excitado ejército de “gremlins” en las redes sociales que saltan contra todo aquel que osa contradecirles o poner en cuestión sus actuaciones.
Un caso demencial es el de la aplicación de la ley de “solo sí es sí” que, como se está viendo, comporta la rebaja de penas y la salida de prisión de peligrosos delincuentes sexuales. Esto es, objetivamente, una aberración derivada de la mala redacción de esta ley y es del todo lícito que se exijan responsabilidades políticas a su promotora, la ministra Irene Montero. En cualquier país democrático europeo, una “cantada” de esta magnitud y en un tema de alto voltaje social, como son las agresiones contra las mujeres, habría provocado su dimisión fulminante.
Irene Montero, por ser quién es, parece que resulta “intocable”. Yo subscribo totalmente la filosofía de la ley “solo sí es sí”, pero su implementación en el código penal ha sido catastrófica, como se puede ver. En un Estado democrático, los presos también tienen derechos, los abogados velan por la defensa de sus clientes y los jueces tienen que revisar las condenas si cambia la legislación aplicable. Esto es lo que ha pasado y el escándalo –en un contexto donde no paran de aumentar las violencias de todo tipo contra las mujeres- es indigerible, indefendible e inaceptable.
Otro grueso error de Unidas Podemos es su solidaridad incondicional con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, acusada y condenada por corrupción. Las investigaciones judiciales realizadas en los últimos años han demostrado que el matrimonio Kirchner controlaba una enorme fortuna, de origen ilícito, escondida en paraísos fiscales.
La simpatía ideológica nunca puede ser un argumento para “olvidar” o “perdonar” gravísimos casos de corrupción política. Y cuando estos quedan probados, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, no se puede hacer apelación a la “lawfare”, convertida en explicación última y única, para jugar entonces la carta del victimismo lacrimógeno. Estas actitudes son infantiles, fácilmente desmontables y desacreditan totalmente ante la opinión pública a todos aquellos que las utilizan, como es el caso del “mundo” de Unidas Podemos y los comunes.