El Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un comando de los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyos integrantes fueron detenidos el 23 de septiembre de 2019, había realizado indagaciones acerca de una docena de objetivos, casi todos ellos políticos. Además, había anotaciones referentes a estos objetivos en un cuaderno que se le incautó al activista Jordi Ros.
Entre los objetivos destacan dos nombres en particular: Pablo Casado, presidente del PP, y Manuel Valls, ex-primer ministro francés y en la época en que fue desarticulado el comando, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, que se había presentado encabezando la lista de Ciudadanos. Otra de las personas sobre las que estaban recopilando datos era José Manuel Villegas, ex-secretario general de Ciudadanos. De esas investigaciones dan fe las evidencias informáticas encontradas en teléfonos móviles y ordenadores de Jordi Ros.
Los demás objetivos eran mucho más asequibles al comando. En la lista, figura Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, así como Marta Morell, concejal electa en la lista de Podemos en este mismo ayuntamiento. Precisamente, Ros tenía su domicilio en la calle Antoni Cusidó de esta ciudad. En este caso, es preciso destacar que el independentismo perdió la alcaldía de Sabadell en las elecciones de 2019. Morell, cabeza de lista de Podemos, decidió aliarse con el PSC y dar la alcaldía a la candidata socialista, Marta Farrés. Sobre ambas, realizó averiguaciones a través de las redes sociales el día 16 de junio, después de que hubiese cristalizado el pacto y Farrés se hubiera convertido en la nueva alcaldesa de la ciudad con el apoyo de Morell.
El jefe de gabinete de Miquel Iceta
El diputado socialista Francisco Aranda, jefe de gabinete del primer secretario del PSC, Miquel Iceta y diputado en el Congreso desde las últimas elecciones generales, era otra de las personas sobre las que habían recopilado datos en septiembre del 2019, dos semanas antes de las detenciones. El ex-diputado del PP Joan López Alegre estaba también en el punto de mira del comando. Sobre él se realizaron búsquedas de información el 28 de julio de 2019.
En el listado aparecen también Antonio López y Annerose Bloss. En una libreta de Jordi Ross se encontraron anotaciones manuscritas sobre estas dos personas, así como las matrículas de sus coches. Antonio López fue apuntado en medios de comunicación independentistas como un activista unionista que se dedicaba a quitar lazos amarillos de los espacios públicos en la comarca del Maresme. En poder del miembro del ERT estaba la matrícula de su furgoneta Nissan Primastar.
Bloss, por su parte, nacida en Alemania, había sido concejal del PP en el Ayuntamiento de Alella, cargo que abandonó en 2017 por propia voluntad. Junto a su nombre, Ros había anotado la matrícula del Smart Forfour que tiene.
El jefe de la Brimo
El último objetivo era Carles Hernández, intendente de los Mossos d’Esquadra. En aquellos momentos, Hernández era el jefe de la Brigada Móvil (Brimo) durante los hechos del 20 de septiembre de 2017 (ante la consejería de Economía) y declaró en el juicio que el entonces presidente de la ANC, le había tratado con suma prepotencia y que intentó darle órdenes. Hernández fue denunciado en diciembre de 2018 por torturas, lesiones y delitos contra la integridad moral por 8 activistas de los CDR: uno de los alborotadores le acusaba de romperle la nariz y reventarle un ojo.
El presidente Quim Torra se hallaba en Eslovenia y desde aquel país anunció que habría purgas y dimisiones en el Cuerpo de los Mossos. La amenaza de una huelga salvaje de los mossos le quitó la idea de la cabeza.
Pero los jueces le exoneraron de toda culpa en un auto fechado el 6 de mayo de 2019 y pidieron que se investigaran las denuncias falsas. Las grabaciones de vídeos desmontaron la historia de los CDR sobre la actuación del policía: las lesiones se habían producido debido a una caída y el intendente ni siquiera estaba cerca del lugar de los hechos. Además, el auto del juez señala que “con intención de menoscabar la integridad física de los agentes que allí se encontraban, y con absoluto desprecio al principio de autoridad que estos representan, les lanzó una piedra que tuvo que ser esquivada por el intendente”, relata el texto, basándose en los vídeos registrados.
Aún así, sus superiores lo destituyeron en enero de 2019, un mes después de los hechos que se le imputaban, y lo enviaron de segundo a la Brigada de Información. Jordi Ros se interesó por él el 4 de marzo, poco después de su destitución y traslado a Información, lo que evidencia que los CDR no iban a soltar a su presa fácilmente.
Fobias personales
La naturaleza de los objetivos, afirman a EL TRIANGLE fuentes cercanas a las investigaciones, apuntan a que detrás de la elección de los nombres hay motivaciones de fobias personales e ideológicas. “¿Que en un primer momento objetivos como Casado o Villegas podían estar lejos de su alcance? Es posible, pero si se hubieran acabado de organizar como grupo terrorista, el peligro de que realizasen acciones contra ellos aumentaría exponencialmente”, explican estas fuentes. En sus informes, la Guardia Civil no duda en afirmar que los datos obtenidos de las pesquisas en las redes sociales “tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes”.
Un detalle que no pasa desapercibido es que la información sobre objetivos materiales comenzó a recopilarse a finales del año 2018, pero la información sobre objetivos personales comenzó en marzo, con las pesquisas sobre el intendente Hernández, pero se aceleró en verano, en los meses de junio y julio, por lo que los investigadores temían que, al tener lista la fórmula de fabricación del explosivo termita, pudiesen realizar atentados el 1 de octubre de 2019, segundo aniversario del referéndum del 1-O. No se descartaba tampoco, que pudiera haber alguna acción que involucrara a alguno de los políticos citados para esa fecha.
Vigilancia de edificios oficiales
No hay que perder de vista que, además de las personas citadas, también había otros objetivos en su punto de mira, tal y como publicó EL TRIANGLE: “Los investigados habrían desarrollado una importante labor de vigilancia de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, de los vehículos de éstas y de varias de sus instalaciones”. Los actos preparatorios de sus acciones provocaron, según los informes judiciales, “una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados”.
En esos documentos gráficos se recogen, por ejemplo, los accesos a edificios, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes y placas de matrículas de vehículos policiales. Entre esos objetivos estaban la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar, la Delegación del Gobierno, la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, había fotos y planos de varias torres de alta tensión, de gasolineras y del peaje de autopista en Martorell.
Encuentro en el Parlament
El 11 de septiembre de 2019, pocos días antes de ser detenido, Ros estuvo examinando el exterior del Parlament de Cataluña junto a un amigo, Ramon R. R. Simulando interesarse por el edificio, los activistas sacaron instantáneas no sólo del Parlament, sino de los coches de los Mossos que había en los alrededores. Para realizar las fotos, Ramon simulaba que sacaba las fotos a su amigo con el Parlament de fondo.
Ese mismo día, otros miembros del comando fueron grabados ante el Parlament, aunque el vídeo fue eliminado posteriormente de Youtube. Es más: los agentes fotografiaron a Eduard Garzón, el considerado jefe del grupo, paseando por Barcelona con Alexis Codina (vecino de Sant Fost de Campsentelles, que tenía un laboratorio de fabricación de explosivos en su casa) y Germinal Tomàs, otro de los detenidos, encargado de ayudar en dicha fabricación.
Ante el Parlamento, Ros se vio con Codina y Tomàs y al finalizar la jornada se reunieron también allí el propio Codina, Esther García, que realizaba también labores de dirección y era la que transmitía las órdenes que llegaban de “la superioridad”, Sònia Pascual, Queralt Casaoliva y Rafael Joaquim Delgado, todos ellos detenidos. Todo el material gráfico que circulaba por las redes fue retirado de circulación por precaución, aunque de nada les sirvió.
En Sant Andreu de la Barca
De los edificios más controlados, el cuartel de la Benemérita era el que más interés suscitaba. “Destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de Sant Andreu de la Barca, que Jordi Ros había llevado a cabo el día 18 de mayo de 2019, en compañía de su pareja sentimental, Montserrat C.. El mismo consistía en la grabación de 7 vídeos y la toma de 75 imágenes con el móvil del investigado”. Ros había dado varias vueltas al cuartel en coche para obtener las fotos y documentar las medidas de seguridad que tenía.
*El reportaje íntegro se publica en la edición de esta semana de la revista EL TRIANGLE
