Una empresa belga presuntamente implicada en el desvío de fondos al procés está siendo investigada en su país de origen por presunto blanqueo de capitales y corrupción, según la respuesta remitida por las autoridades de Bélgica a la juez de Barcelona Carmen García, que instruye una causa sobre la financiación de la internacionalización del independentismo.
La magistrada había reclamado datos sobre un supuesto informe en materia de defensa que la Generalitat encargó a la sociedad SC Services en julio de 2015 y por el que desembolsó algo más de 4.000 euros.
El informe enviado a Barcelona por Bélgica detalla que hay otras dos sociedades que están vinculadas a SC Services, pero que son antiguas. «La sociedad no ha sido objeto de un control en cuanto a sus obligaciones fiscales», destaca. Según publica El Periódico, en la base de datos policiales belgas hay expedientes por «blanqueo y corrupción».
Este es uno de los contratos investigados que, supuestamente, se adjudicaron a dedo para fines que exceden las competencias de la Generalitat y el importe total se acerca al millón de euros. Una decena de cargos vinculados a la llamada «acción exterior» de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos el ex consejero Raül Romeva, están siendo investigados en esta causa.
