La Fiscalía de la Audiencia Nacional dispone de indicios y testigos que implican a Germà Gordó, ex-consejero de Justicia y ex-gerente de CDC, en los supuestos amaños de adjudicaciones concedidas por la Generalitat de Cataluña durante los últimos años para montar estructuras de Estado como la Hacienda y el servicio de inteligencia propios, revela El Confidencial.
La misma información especifica que el Ministerio Público investiga si Gordó intervino en el supuesto desvío de fondos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), del que este diputado -ahora no adscrito después de romper con el PDEcat a raíz de su imputación en el caso del 3%- fue consejero. Se le atribuye la creación de la infraestructura con que el Gobierno catalán pretende ejecutar su desconexión de España, así como suficiente influencia en la designación de técnicos decisivos en las adjudicaciones.
El Confidencial también publicó que las adjudicaciones investigadas suman un importe de al menos 900 millones de euros. Entre las sospechosas están las del proyecto Red Abierta a la UTE Imagina-Axia por casi 212 millones de euros (2010), los cuatro lotes de un contrato de aprovisionamiento del puesto de trabajo y apoyo al usuario de la Generalitat por casi 563 millones (del que fueron adjudicatarios Telefónica, Indra, Fujitsu, Canon y T-Systems, entre otras compañías), y dos adjudicaciones a Deloitte y Capgemini que suman 124,7 millones de euros, en una de las cuales también participaron PwC, Everis y Ernst & Young.
El desvío de dinero es una derivada de la investigación emprendida inicialmente sobre la posible comisión de un delito de sedición por parte de dirigentes y funcionarios que dieron luz verde a las licitaciones relacionadas con las estructuras de Estado.
